Obama pide más compromiso con su “lucha contra el terrorismo” y el progresismo se rinde a sus pies como si no hubiera habido genocidio, juicios y castigo y promesas de Nunca Más.
Todavía hay tiempo, que no pase la duplicación de las penas que piden Obama y el gobierno nacional para los delitos que “ellos” clasifiquen como terroristas, tal es la indefinición del concepto en el discurso represor que ha vuelto al Congreso Nacional de la mano del proyecto del Poder Ejecutivo de agravamiento de la Ley Antiterrorista y que va con dictamen favorable de las comisiones de finanzas y legislación penal al debate del pleno, el cual puede rechazarlo y aún más, debería tratar sobre tablas su derogación.
En la defensa que el Ministro Alak hizo del proyecto de ley ante las Comisiones de Legislación Penal (presidida por Oscar Albrieu) y de Finanzas (su titular es Carlos Heller) argumentó. “Este es el mejor proyecto que se puede elaborar desde el Ejecutivo sin afectar la vigencia plena de los derechos humanos y las garantías constitucionales”, dijo. Y agregó que “la definición alcanzada nos parece la que menos consecuencias puede tener sobre la garantía de la protesta social”.
Como han demostrado en el 2007 la casi totalidad de los organismos de derechos humanos y lo han vuelto a hacer una buena parte de ellos ante esta arremetida por la duplicación de las penas de aquella ley, la ley 26.268 aunque fuera enviada al Congreso por el entonces presidente Néstor Kirchner, venía formateada por un organismo supranacional de la órbita del Fondo Monetario Internacional, el GAFI (GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL) y se inscribe nítidamente en la batería de leyes y reglamentos con que los EE.UU. vienen demoliendo el derecho internacional de posguerra e instalando como regla fáctica su derecho a invadir países, bombardear territorios, asesinar dirigentes que ellos consideran oponentes o no funcionales y todo lo que han hecho en estos años en Afganistán, Irak, Palestina o Colombia.
Si de hacer un recorrido por el discurso imperial se trata hay que remontarse al documento del cincuenta aniversario de la OTAN en 1995, cuando ese organismo se auto adjudicó el derecho a intervenir militarmente donde quiera sin la autorización de las Naciones Unidas, habría que pasar por el Acta Patriótica del 2001, luego del derrumbe de las Torres, donde se fundamentó que en aras de la lucha contra el “terrorismo” (así, sin definir jamás lo que se entiende por él) se dejaban de lado cualquier límite impuesto por las leyes o convenios internacionales de vigencia de los derechos humanos hasta llegar a las declaraciones de Obama tras el asesinato de Bin Laden o Kadaffi, repetidas por el presidente colombiano Santos en ocasión de la eliminación de Alfonso Cano, en las que proclaman su derecho a matar, por medio de operaciones militares de exterminio masivo, a quienes ellos consideren necesario. Como había dicho Bush en el 2001:
perseguir al terrorismo en cualquier oscuro lugar del mundo.
Por si alguno tiene dudas de esta conexión me remito a lo publicado por el diario La Nación del mismo 12 de diciembre donde el propio Obama responde a una pregunta del siguiente modo : “ La Argentina tiene un papel importante que desempeñar en una diversidad de temas relacionados con la seguridad que afectan la vida diaria de argentinos, estadounidenses y muchas otras personas que viven en el continente americano. Me refiero a
iniciativas relacionadas con la lucha contra el terrorismo y las drogas, entre otros esfuerzos. Los valores centrales de una relación de estas características se fundan en valores democráticos esenciales, intereses nacionales compartidos en áreas que abarcan desde los derechos humanos hasta la no proliferación y un compromiso para enfrentar los desafíos con espíritu de responsabilidad compartida. Si reconocemos estos principios comunes, confío en que podremos abrir un nuevo capítulo en la historia de cooperación entre la Argentina y Estados Unidos…..La Nación 12 /12 / 11
Y un dato más, que ningún banco argentino ha denunciado: en una circular del Banco Central de hace unos meses se indica que para determinadas operaciones financieras debe consultarse con un listado de terrorista al que se accede desde la pagina web de la Unidad Información Financiera; pero al picar en ese listado un nombre se accede a las paginas del gobierno de los EE.UU., del Reino de Gran Bretaña, de Canadá y de las Naciones Unidas[1], todos los cuales han estado comprometidos con los crímenes arriba mencionados, en una contradicción inimaginada que un organismo oficial argentino indique como fuente de información de quienes son terroristas a los organismos de inteligencia de países imperialistas que de hecho observan con hostilidad al mismo gobierno que los reconoce como fuente de información. ¿Será esa la garantía que el Ministro Alak ha proporcionado, y que los diputados de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal han considerado satisfactoria? Como si el mismo ex ministro Aníbal Fernández, uno de los firmantes del mensaje de fundamentación del agravamiento de la ley antiterrorista no haya sido el mismo que hace pocos días calificara como terrorismo a una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios, como si no fuera que cada ley represora se ha defendido con el mismo argumento represor: el que no hace nada malo, nada tiene que temer. El punto, señores diputados, es a quien la Ley le da la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo; y Uds. mismos se han cansado de advertir que el Poder Judicial sigue infectado de conservadores, reaccionarios para no decir directamente gente comprometida con el genocidio y la impunidad como acaba de denunciar en Diario BAE[2] el Dr. Pablo Parenti de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.
Hace tiempo que aprendimos que no hay violación de los derechos humanos que no requiera al menos de tres elementos: de una fuerza material para perpetrarlo (y ahí está la Bonaerense apaleando “oficialistas” para que no haya dudas para quien juega), de una ley o instrumento jurídico que le de apariencia legal y de un discurso justificador que lo “naturalice” en la sociedad.
Lo grave, lo realmente grave, del aval que los diputados de las Comisiones de Finanzas y Legislación Penal han hecho es que han avalado una nueva ley represiva que se inscribe en una línea de continuidad que arranca con la 4144 de 1902, sigue con la ley de seguridad nacional de 1910 (y cuántas que hubo en estos cien años!), entronca con la acordada de la Corte Suprema que legitimó el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, como luego legitimaría el de 1943, el de 1955, el de 1962, el de 1966 y el de 1976, periodo en que se aprobaron las leyes de Represión al Comunismo 17401 y de lucha contra la subversión 20840 y aún más, al hacerlo, se sumaron al coro de Obama y de Bush, de los que proclaman que la lucha contra el terrorismo es justificativo de todo, hasta de duplicar las penas para cualquier delito que los jueces, estos jueces y a no quejarse después, consideren fruto de una asociación ilícita terrorista (figura jurídica nueva de la nueva ley antiterrorista del 2007).
Por este camino, el Código Penal seguirá siendo una fabrica de presos que irán a podrirse en cárceles colapsadas y en manos de mafias que los explotan y dominan como han denunciado desde la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El progresismo, que alguna vez se definió a si mismo como el garante de la Constitución y los derechos humanos, ha dado un paso más en la dirección que le trazó en su momento el Chacho Álvarez y la Fernández Meijide: pero cuidado que el final del camino no es la gloria de la democracia verdadera sino el abismo del 2001 y no habrá independencia definitiva sin una democracia verdadera, sin leyes represoras ni discurso imperialista en boca de los legisladores.
José Schulman
PARTIDO COMUNISTA en Nuevo Encuentro
