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martes, 17 de agosto de 2010

..."No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción"...

El debate es por la hegemonía del poder económico


El contrapunto político de estas horas parece revivir las discusiones del 2008 en torno a las políticas económicas necesarias. Lo que está en discusión es el modelo económico del país, es decir, ¿qué se produce y para quién? Ello supone definir también la distribución del ingreso nacional. No existe la posibilidad de una distribución equitativa del ingreso si no se modifica el modelo productivo. Es un debate que trasciende a la Argentina, que empieza a sustanciarse en la región latinoamericana y caribeña e incluso en el mundo producto de la crisis del capitalismo.


Un ejemplo de lo dicho es la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo. Resulta notorio verificar que el sector hegemónico de las centrales empresariales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, reiteran en la coyuntura su demanda por eliminar las retenciones a las exportaciones (20.724 millones de pesos al 30 de junio, unos 5.000 millones de dólares para medio año) [2] , al tiempo que reivindican su papel histórico y presente en la dirección política de la sociedad.


El momento es considerado propicio por los datos de evolución de la economía. Es un momento para la ofensiva. El pronóstico de CEPAL [3] señala para Argentina un crecimiento del orden del 6,8% para el 2010. Sin embargo, las expectativas, no solo en el gobierno, están por encima de ese guarismo, especialmente en el sector agropecuario, que deja en el pasado la sequía y la caída de los precios internacionales, fenómenos que afectaron la rentabilidad del 2009.


El presente año viene con perspectivas de crecimiento de la renta y los principales propietarios de tierra no quieren resignar un nuevo ciclo de auge de ganancias y de posibilidades de acumulación, que son las que en definitiva definen el proceso de dominación económica, política e ideológica de la sociedad capitalista. Especialmente para la Sociedad Rural está puesto el desafío en la disputa por la hegemonía de la clase dominante en la Argentina.


Recuperar el modelo de dominación del “centenario”


Por eso, en el discurso de Hugo Biolcati [4] , Presidente de la Sociedad Rural en la inauguración de la muestra de Palermo se recupera la memoria del “centenario” (1910). Sin duda el momento más claro de hegemonía de la oligarquía terrateniente y ganadera, asociada al poder con frigoríficos, ferrocarriles y bancos, mayoritariamente de propiedad externa, principalmente ingleses.


Convengamos que ese recuerdo es recuperado por la renovada existencia de una base material que sustenta el modelo productivo actual, surgido de políticas económicas cuyo origen remiten a la década del 90 y que no han sido modificadas. Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera productiva, de 6 millones a 17 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.


No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a depredar recursos naturales.


El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente en la Argentina encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.


La cúpula del poder es un lugar que las centrales empresariales del campo le disputan a otros sectores que supieron ganar terrenos en otros momentos. Es el caso del sector industrial en periodo de sustitución de importaciones (periodo especialmente criticado por el titular de la SRA, dando origen al “rumbo perdido”); o el bancario especulativo en momentos de liberalización financiera. La convertibilidad permitió una cierta hegemonía, modificada luego de la crisis del 2001 y la salida del régimen convertible. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2007 disimuló las diferencias, las que volvieron a aparecer como disputa del ingreso con el retorno de la inflación.


Pensar la alternativa


Queda claro el sujeto social y económico de la dominación, sus disputas y su modelo productivo. En razón de ello, estamos convencidos que no alcanza con críticas éticas, que apelen a la generosidad de los poderosos para una distribución paliativa del ingreso. No alcanza con políticas compensatorias favorecidas por el superávit fiscal primario. Se necesita, por el contrario, la constitución de sujetos colectivos organizados que sustenten otro modelo productivo, otro modelo económico para otro país, con una ecuación de distribución del ingreso que satisfaga necesidades sociales mayoritarias insatisfechas.


Pero insistamos, eso supone cambios profundos en la orientación de la política económica. No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción. Ese es el debate pendiente, y esencialmente, el desafío a construir si se piensa en perspectiva emancipatoria.


JULIO C. GAMBINA


fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110783&titular=el-debate-es-por-la-hegemonía-del-poder-económico-

miércoles, 4 de agosto de 2010

AL 82 POR CIENTO

El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar.

Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década,

Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes –integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP– son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes –reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A– pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida. Para decirlo con mayor claridad y con el respaldo de economistas serios de nuestro país: si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados no va acompañada de una reforma tributaria inmediata que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les imprimirá a las cuentas públicas será inmenso y terminará impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas.

Mientras que la receta de la derecha siempre es la misma –quitarle recursos al Estado y no tocar o ampliar los márgenes de ganancias de los grupos más enriquecidos–, los sectores progresistas, del campo nacional y popular, de la izquierda democrática, más allá de nuestras pertenencias partidarias, debemos ser capaces de no quedar rehenes de quienes, mediante propuestas demagógicas, avanzan con el único objetivo de que Argentina retroceda, de que el país vuelva a la avenida del ajuste, del endeudamiento y de la profundización de la desigualdad.

Es necesario avanzar sobre el trabajo en negro para ir reduciendo la persistente informalidad. Eso, además del objetivo principal de revertir la situación de trabajadores y trabajadoras que hoy sufren la falta de cobertura por salud o por despido, permitiría incorporar más aportantes al sistema de seguridad social. Desde la salida de la convertibilidad se ha avanzado en esa dirección. De hecho, los aportantes pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre de 2009. Pero aún más de un tercio de los trabajadores –según la edulcorada mirada del Indec– están “en negro”, padeciendo las graves consecuencias de esa condición laboral.

Además, insistimos en la necesidad de transformar responsable, paulatina y progresivamente toda la pirámide tributaria, de manera de eliminar privilegios injustos que tienen sectores económicos con altísima rentabilidad, como es el caso de la especulación financiera, el juego o la minería, entre otros; en el marco de ir construyendo una nueva matriz productiva y distributiva más justa.

Es fundamental evitar que los derechos de quienes menos tienen sean manipulados por los sectores de derecha que sólo buscan generar crisis política y social, como las que produjeron innumerables veces a lo largo de la historia de nuestro país.

Bloque Nuevo Encuentro.

*Partido Comunista en Nuevo Encuentro*